El desarrollo regional viene siendo objeto, desde hace bastante tiempo, de atención preferente en las políticas estructurales de los países de la Unión Europea. En una primera etapa, el objetivo de estas políticas se centraba, de manera prioritaria, en la acumulación de capital físico, ya que el vínculo positivo entre crecimiento económico y dotación de infraestructuras se ha constatado fehacientemente.

Sin embargo, sin menospreciar, ni mucho negar, esta relación, resulta obvio que el grado de desarrollo alcanzando en las distintas regiones europeas difiere significativamente, a pesar de que puedan existir, en muchas de ellas, niveles similares de dotación de capital físico. La causa de las disparidades existentes hay que localizarla, de manera destacada, en las diferencias en la capacidad para gestionar el conocimiento e incorporarlo al proceso productivo y de generación de riqueza.

En aras de alcanzar esta meta, lo que permitiría “convertir a Europa en el área económica más próspera y competitiva del mundo hacia el año 2010” (Consejo Europeo de Ministros, Barcelona, marzo de 2002), se estableció el objetivo de aumentar el gasto destinado a actividades de I+D+i, de tal modo que debería situarse en el 3 por ciento del producto nacional, centrando el protagonismo en el sector privado, que debería hacer frente a las dos terceras partes del gasto, corriendo el resto a cargo del sector público.

El objetivo de “intensidad tecnológica” (mayor gasto en I+D respecto al PIB) obedece a la constatación de la brecha de productividad abierta entre los países industrializados, durante los años noventa, en función de la mayor o menor inversión relativa realizada en proyectos de I+D. De ahí que, en la actualidad, se considere decisivo el papel que este esfuerzo implica en el mayor crecimiento de la productividad y de los niveles de vida.

Es por ello que una gran cantidad de estudios, desde una amplia diversidad de enfoques[1], han explorado la naturaleza de la relación entre inversión en nuevas tecnologías y un mayor crecimiento de la productividad y del crecimiento económico, y coinciden en el grado de robustez que presenta el vínculo entre el gasto en investigación y desarrollo y el crecimiento de la productividad multifactorial.

Por citar alguno de los trabajos más recientes, para un panel de 16 países de la OCDE[2], en el periodo 1980-98, se obtiene que un incremento del 1 por ciento en el gasto en I+D realizado por las empresas genera un crecimiento de la productividad del 0,13 por ciento, siendo este efecto mayor en aquellos países donde el sector empresarial realiza la mayor proporción del gasto en I+D, debido a que este tipo de actividades redundan en un producto de mayor calidad, en procesos productivos más eficientes y en nuevos productos y servicios. Asimismo, el estudio apunta a que un incremento del 1 por ciento en gasto público en I+D genera avances en la productividad del 0,17 por ciento, incidiendo con mayor intensidad en los países donde la participación de las universidades es mayor y en aquéllos otros con un gasto en I+D intensivo por parte del sector empresarial.

Fruto del análisis acumulado en esta materia, y de manera similar a la apuntada respecto al capital físico, se ha puesto de manifiesto que la mera acumulación de recursos públicos y privados en actividades de I+D no es una condición suficiente para la creación de valor añadido a escala agregada. Éste se crea y se difunde, generando notables ganancias en productividad, a través del fenómeno de la innovación. Es decir, la hipótesis de linealidad en el proceso de innovación, por la cual se asumía que la investigación básica y aplicada debía traducirse automáticamente en nuevos procesos y productos para su comercialización, se ha constatado como insuficiente.

La superación de esta visión se basa en el convencimiento de que la cooperación y el aprendizaje mutuo de asociaciones de empresas, institutos de investigación e institutos de transferencia de tecnología logran promover la efectiva puesta en valor de la investigación y la convierten en conocimiento útil para el tejido productivo y para la sociedad en general. Es, en este sentido, en el que el concepto de innovación (como incorporación de nuevas tecnologías o modos de gestión en los procesos productivos) trasciende el ámbito estrictamente empresarial y comprende un proceso de aprendizaje complejo y colectivo en el que participan todos los agentes de una sociedad: científicos, organismos encargados de la transferencia de tecnología, Administración y, en general, toda la sociedad.

Otro aspecto de gran relevancia, en relación con la innovación, radica en que su generalización no se halla a espaldas del territorio en el que se produce y desarrolla, es decir, existe una dimensión territorial relevante para los procesos de I+D+i. Esto se traduce en que las actividades de I+D+i tienden a estar regionalmente concentradas en territorios con características económicas y sociales específicas[3]. La mayor proximidad geográfica, cultural, empresarial e institucional, posibilita la generación de economías de aglomeración.

De lo anterior puede inferirse que existen dificultades para que el fenómeno innovador se desarrolle en sociedades poco dinámicas e innovadoras, ya que los sistemas de innovación en el ámbito individual son muy dependientes del conocimiento complementario adquirido de otras instituciones[4].

No obstante, es indudable que la relación entre innovación y desarrollo regional es bastante compleja e incorpora procesos endógenos que dificultan el conocimiento de la naturaleza y mecanismos de aquélla. Bajo esta premisa, las estrategias y políticas encaminadas a fomentar la innovación en regiones en declive o menos desarrolladas pueden ser ineficaces para garantizar el desarrollo regional.

En cualquier caso, está ampliamente aceptado que la convergencia en rentas y, especialmente, en productividad entre regiones depende, cada vez más, de la “creación” de ventajas comparativas a través de la puesta en valor del potencial endógeno de cada región. Por ello, la propia Comisión Europea[5] apuesta por la idea de que la investigación y el desarrollo tecnológico (I+D) pueden impulsar el crecimiento de las regiones industriales en declive y ejercer de motor de arranque de aquéllas económicamente menos favorecidas.

Dentro de este marco, la innovación tecnológica es probablemente la variable fundamental para “ayudar” a crear dichas ventajas comparativas dinámicas que permitan a las regiones, en particular a las menos desarrolladas, participar de manera activa en el proceso de integración económica. Para ello, con el conocimiento y la inteligencia como elementos claves para comprender el proceso que alimenta la dinámica de la innovación, resulta imprescindible un entendimiento de los mecanismos precisos y del entorno institucional adecuado a través de los cuales funciona el proceso de innovación, incluyendo su difusión a escala regional.

La literatura científica ha constatado que existe una relación directa entre desarrollo económico e importancia relativa del sector tecnológico de una región o país, lo que determina que a un mayor gasto en I+D corresponda un mayor nivel de renta o producción per cápita. Aunque los indicadores clásicos de I+D sólo ofrecen una visión parcial del fenómeno, hay que remitirse a ellos, a falta de otros más completos, para valorar la situación actual y señalar el camino a recorrer.

En este sentido, la capacidad tecnológica de Andalucía y España es considerablemente reducida en relación con los países más desarrollados. En 2002, la ratio de esfuerzo tecnológico, medido como el porcentaje de recursos destinados a I+D respecto al PIB, en Andalucía[6], era en torno a un cuarenta por ciento inferior al de España, mientras que, en esta última, apenas representaba el 31 por ciento de la media de la UE y el 24 por ciento de la de EE.UU. Este importante diferencial viene explicado por el reducido protagonismo que el sector privado tiene en el gasto en I+D de España y, especialmente, de Andalucía[7].

En la mayoría de los países de nuestro entorno y, en general, en los más desarrollados, el sector empresarial actúa como principal dinamizador del gasto en I+D. Así, en 2002, el gasto en I+D ejecutado por las empresas representaba, en EE.UU, un 1,97 por ciento del PIB, inferior a la cifra de Japón (2,33). El promedio de la UE-15 alcanzaba el 1,33 por ciento del PIB, mientras que en España se reducía hasta el 0,56 por ciento del producto interior bruto. En Andalucía, el protagonismo del sector empresarial andaluz en investigación y en inversión tecnológica es aun más limitado, representando el 0,22 por ciento del PIB regional (algo más de la mitad que el del sector público, cifrado en el 0,40 por ciento).

El esfuerzo que la empresa privada realiza en I+D en Andalucía resulta así inferior a la mitad que el del promedio nacional, apreciándose, al mismo tiempo, una composición del gasto muy desequilibrada en favor del gasto público (Administración Pública más Universidades). La concentración de la I+D en los ámbitos universitarios conlleva algunos problemas para la transferencia de tecnología al sector empresarial, debido al posible desajuste entre los intereses de la investigación universitaria y las necesidades de las empresas.

Por ello, las grandes deficiencias en I+D de Andalucía respecto a otros ámbitos provienen del sector empresarial, circunstancia que ha sido justificada por el reducido tamaño y la especialización terciaria de éste. Esta circunstancia es, igualmente, aplicable al caso de España, lo que propicia que tanto ésta como Andalucía dependan del desarrollo tecnológico del exterior. Para tener una percepción más próxima de lo que representa el esfuerzo inversor en I+D, baste señalar que, en 2002, la empresa andaluza invirtió unos 27,2 euros por habitante, frente a los 93,9 del ámbito nacional, mientras que desde el sector público en Andalucía se invirtieron 51,1 euros y en España 78,1 euros.

En cualquier caso, se puede afirmar que España es un país con una dependencia tecnológica muy elevada y que no se corresponde con su nivel de desarrollo (el índice de dependencia tecnológica, expresado por la tasa de cobertura de la balanza tecnológica, era en España, en 1999, del 0,19, en tanto por uno, frente al 2,75 de EE.UU. y el 2,34 de Japón). Este factor, si no se solventa, tendrá efectos negativos sobre la productividad, y sus consecuencias se trasladarán de forma importante a la competitividad y al comercio exterior. Algunos estudios, como el Informe Cotec, han señalado la inquietud que en el plano competitivo internacional se está detectando en la actualidad. A título de ejemplo, cabe señalar el deterioro de la tasa de cobertura de las importaciones de bienes de alta tecnología, que ha pasado del 85 por ciento al 75 en apenas cinco años.

Todos estos datos ilustran el notorio problema que sufre Andalucía en relación con el desarrollo tecnológico. Como se ha constatado, el nivel de inversión total en I+D de Andalucía es inferior a la media nacional y se encuentra muy alejado del existente en el resto de países desarrollados. Sin embargo, las diferencias son aun más acusadas cuando se analiza el gasto en I+D y el esfuerzo tecnológico de las empresas, que es el componente más importante del desarrollo tecnológico.

Por tanto, el aspecto más negativo de la posición regional no es sólo el menor nivel de investigaciones y de innovaciones, sino que el sector empresarial tiene un peso muy reducido, situación que es necesario corregir con urgencia, de tal forma que Andalucía pueda dar el salto cualitativo que le permita acercarse a las regiones más desarrolladas de la Unión Europea, máxime en un entorno de ampliación de la competencia vía incorporación de nuevos Estados a la Unión. Para hacer frente a estos nuevos retos, las inversiones en intangibles y marca, así como las mejoras tecnológicas, organizativas y de producción se configuran como la mejor baza.

La senda de España y Andalucía para alcanzar mayores niveles de crecimiento económico pasa por la capacidad para incorporar el sistema de I+D y los nuevos procedimientos y avances tecnológicos que se vayan produciendo a la estructura económica actual. El desarrollo regional vendrá determinado, pues, en gran medida, por la capacidad de realizar e incorporar estas innovaciones al sistema productivo. Junto a lo anterior, no debe olvidarse que la experiencia de otros países confirma que el crecimiento de las inversiones en intangibles que impulsen la sociedad del conocimiento tiene que sostenerse fundamentalmente en el esfuerzo empresarial.

Las consideraciones efectuadas en torno a la importancia del proceso de I+D+i en el desarrollo regional, y el retraso que en esta materia acumulan Andalucía y España, deben propiciar una reflexión, en el conjunto de la sociedad, sobre cuáles deben ser las medidas a poner en marcha para incorporarnos más intensamente al mundo de la innovación y del conocimiento y, al mismo tiempo, adquirir conciencia sobre la necesidad de que se produzca una cambio profundo en la mentalidad existente en relación con el desarrollo tecnológico. No obstante, el desarrollo tecnológico de España cuenta con un sólido apoyo en la excelente base científica del sistema público español, que contribuye con casi el 2,7 por ciento de la producción científica mundial, frente al 1,7 por ciento que representa el PIB español.

En este papel de concienciación y reflexión, esfuerzos como los realizados por la Asociación Andaluza de Ciencia Regional trascienden al ámbito meramente universitario. La Asociación Andaluza de Ciencia Regional, en los diferentes Congresos celebrados, siempre ha sabido identificar aquellos temas que, por su especial significación, resultan de singular relevancia para el futuro de nuestra Comunidad. Me refiero, por citar algunos, a los temas de la globalización y el papel de las regiones, las relaciones de Andalucía y el norte de África y la cooperación con Latinoamérica. En esta ocasión, el tema elegido no puede ser más oportuno. La intensa actividad que desarrolla la Asociación, la más numerosa de todas las que componen la Asociación Española, encuentra un complemento muy adecuado con la edición de la Revista de Estudios Regionales, plenamente consolidada en el panorama académico español.

Para años venideros, y con una intención simplemente enunciativa, se señalan a continuación algunos de los elementos en los que habría que incidir de manera decidida, como son:

§                      Aumentar de forma ambiciosa la proporción del PIB destinado a actividades de I+D+i.

§                      Fomentar la adaptación y adopción de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en las empresas andaluzas.

§                      Favorecer la creación de redes empresariales sectoriales y locales que sirvan para impulsar centros de innovación y tecnología.

§                      Favorecer la modernización y actualización tecnológica de las empresas para aumentar su productividad.

§                      Promover la participación de las empresas andaluzas en los programas nacionales y europeos de innovación y desarrollo tecnológico.

§                      Promover y estimular la creación y consolidación de espacios de innovación en ámbitos provinciales.

§                      Impulsar la formación y la capacitación de los recursos humanos para gestionar la innovación y las nuevas tecnologías.

§                      Mejorar la financiación de la innovación.

§                      Instaurar una fiscalidad más favorable para la innovación.

En definitiva, el reto que Andalucía afronta en esta materia es de primera magnitud y requiere, como el propio fenómeno de la innovación, el esfuerzo de todos los agentes económicos y sociales, de tal manera que se produzca la necesaria transición del sistema productivo hacia un sistema de innovación en el que empresas e instituciones interactúen para acumular y difundir el conocimiento con el objetivo de que éste se transforme en riqueza para los ciudadanos.

Finalmente, no quiero dejar de mencionar la especial sensibilidad que, desde las instituciones financieras, se tiene acerca de la importancia del fenómeno de la innovación. De hecho, el sector financiero es uno de los sectores que actualmente lidera el proceso de incorporación de nuevas tecnologías en procesos y productos como instrumento de ventajas competitivas duraderas. En concreto, la entidad que presido, Unicaja, mantiene y alienta numerosas iniciativas en este terreno, tanto en el plano interno, como lo prueba el hecho de haber recibido en el año 2001 un premio a la mejor iniciativa tecnológica por la Intranet corporativa, o la continua renovación de nuestro Centro de Proceso de Datos, el más importante de toda Andalucía, lo que confirma nuestra apuesta por la tecnología como elemento diferenciador en el diseño de productos y servicios, como en el externo, como se manifiesta a través de las numerosas iniciativas empresariales ligadas al sector de las nuevas tecnologías en las que participamos de forma directa.

Sin más, sólo me resta aplaudir la iniciativa de los organizadores de este VI Congreso de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional por abordar un asunto de tanta trascendencia para el futuro del crecimiento económico y el bienestar de Andalucía.

Braulio Medel Cámara
Presidente de UNICAJA